Cuatro años después de sacudirse con la llegada de Donald Trump al poder, la política de Estados Unidos hacia América Latina podría volver a dar un giro brusco con las elecciones del 3 de noviembre que tienen al opositor Joe Biden como favorito.

De hecho, las profundas diferencias entre Trump y Biden sobre cómo conducir las relaciones exteriores de la mayor potencia global emergen con claridad en sus propuestas para la región.

Mientras que Trump prioriza casi en exclusiva cortar la migración de Latinoamérica hacia EE.UU., Biden plantea aumentar la cooperación continental en problemas que causan ese éxodo en la región, como la violencia y la pobreza.

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El candidato demócrata plantea además elevar la importancia de otros asuntos en la agenda hemisférica, incluidos los derechos humanos, el medioambiente y la corrupción, lo que pondría a prueba el vínculo de Washington con países como México o Brasil, según expertos.

Y si bien se espera que la crisis de Venezuela siga siendo un tema caliente, Biden podría cambiar la estrategia de Trump para lograr elecciones en ese país.

Muchos prevén que una política de Biden para América Latina se parecería más a la que primó durante el gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017, cuando él fue vicepresidente con un rol de articulador hacia el sur del río Bravo.

Pero algunos advierten que incluso aquel antecedente es relativo.

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«2020 no es 2008 ni 2012: la región ha cambiado… Volver a lo de Obama no es posible, porque las condiciones no son las mismas», dice Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington, a BBC Mundo.

Viejas y nuevas prioridades

En la relación de su gobierno con América Latina, Trump destaca como grandes logros sus acuerdos con México y países centroamericanos para que contengan a migrantes en sus territorios.

«Forjamos alianzas históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el tráfico de personas», dijo Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.

Pero los pactos afectan entre otros a aspirantes de asilo en EE.UU. y el presidente llegó a esos acuerdos a base de amenazas de castigos económicos o comerciales a los países involucrados.

Si bien es previsible que en un segundo mandato Trump vele por su cumplimiento, ha surgido incertidumbre sobre la continuidad de sus políticas migratorias aún si fuera reelecto.

La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes revisar el programa que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo en EE.UU. a esperar en México mientras se procesan sus pedidos.

El máximo tribunal también analizará la decisión de la Casa Blanca de destinar US$2.500 millones del Pentágono a la construcción de un muro en la frontera sur del país, una de las grandes promesas de Trump en la campaña de 2016.

Se espera que el Supremo procese ambos casos recién el año próximo.

Por su parte, Biden se opone a seguir con la construcción del muro y ha prometido restaurar el papel de EE.UU. «como lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo».

Pero algunos advierten que un gobierno de Biden debería ser cauto para evitar que migrantes de la región interpreten que las fronteras de EE.UU. se abren.

«Eso sería un desastre, tanto político como humanitario«, señala Cynthia Arnson, directora del programa América Latina del Centro Wilson, un foro para temas globales en Washington.

Biden, quien ha buscado distanciarse del alto número de deportaciones del gobierno de Obama, impulsó como vicepresidente en 2015 un plan de asistencia para Centroamérica tras la llegada de miles de menores sin acompañantes a la frontera entre EE.UU. y México.

«El énfasis en abordar las causas (de la emigración de América Latina, como) la pobreza, el desempleo juvenil, la falta de educación, esas cosas se quedaron por el camino con Trump. Y es lógico suponer que volverían a ser alta prioridad en un gobierno de Biden», dice Arnson a BBC Mundo.

¿Nuevas tensiones?

Pero una pregunta ahora es cómo recibirían los gobiernos latinoamericanos una agenda de Biden que ponga más énfasis en problemas domésticos de sus países que Trump dejó en segundo plano.

Por ejemplo, Trump logró mejorar su relación con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras acordar un nuevo acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá (T-MEC) y bajar el tenor de sus críticas a su vecino del sur en temas como la seguridad.

Como presidente, Biden buscaría mantener una buena relación con México ante la necesidad de cooperación bilateral en varias áreas, anticipan los expertos.

«Lo que sí creo que vamos a ver y puede complicar la relación es que los temas de derechos humanos, democracia y corrupción también van a ser parte de una agenda muy amplia» en un eventual gobierno demócrata, dice Shifter.

«Tal vez no va a estar contento AMLO con esa agenda, pero es una agenda mucho más tradicional y no depende de la forma errática de Trump», agrega.

En el caso de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha buscado cultivar una relación estrecha con Trump con base en su afinidad ideológica y alineamiento político.

En cambio, el plan de Biden de colocar sobre la mesa temas medioambientales podría generar tensiones con el gigante sudamericano.

Bolsonaro rechazó recientemente como «amenazas cobardes» una idea reciente de Biden de ofrecer a Brasil un fondo internacional de US$20.000 millones para detener la deforestación amazónica o enfrentar «consecuencias económicas».

Otras diferencias importantes entre Trump y Biden surgen en sus planes para Venezuela y Cuba.

Respecto a la isla, Biden propone «una nueva política» que revierta limitaciones a los viajes y remesas impuestas por Trump e impulse a los cubano-estadounidenses como «embajadores por la libertad».

Pero Arnson sostiene que «sería un error pensar que una política de Biden volvería a la política del gobierno de Obama en términos de normalización» de las relaciones con Cuba sin cambios políticos en la isla.

En Venezuela, Biden ve las sanciones económicas como «una de las herramientas» de una estrategia que incluya más asistencia humanitaria, presión internacional coordinada sobre el gobierno de Nicolás Maduro y apoyo a actores democráticos para que se convoque a elecciones libres en el país.

Propone además dar el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a inmigrantes venezolanos para que residan legalmente en EE.UU. y eviten volver a su país en crisis.

Los expertos creen que Biden se apartaría así de la política de Trump centrada en la imposición de sanciones unilaterales que no han logrado la salida de Maduro del poder.