El dramático caso de un niño de tres años a quien un cirujano le extirpó ambos riñones, uno de ellos sano, reavivó en Bolivia el debate sobre una ley de mala praxis médica, un proyecto que provocó una prolongada huelga hace un año.
La situación del pequeño Sebastián tiene al país conmocionado, tras revelarse que un médico de un hospital oncológico de Santa Cruz le extrajo esta semana por error los dos riñones, por lo que de inmediato tuvo que ser conectado a un equipo de diálisis para mantenerlo con vida. Mientras se esperan los resultados de una auditoría médica en esa ciudad, autoridades del gobierno y parlamentarios del oficialismo y la oposición retomaron la idea de aprobar una ley que penalice casos de negligencia médica.
«El médico tenía que sacar el riñón izquierdo, que está dañado por el cáncer», relató el padre, de 26 años, quien pidió se castigue la mala práctica profesional. «El niño elimina toxinas mediante diálisis. Pero esta situación no es sostenible en el tiempo porque tiene cáncer que hizo metástasis en el pulmón derecho, eso complica su estado», señaló el secretario de Salud de la gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda.
El presidente de la Sociedad de Nefrología de Santa Cruz, Herland Vaca Diez, explicó que el niño estará conectado a una máquina de hemodiálisis por lo menos cinco años. «No se puede implantar un órgano de inmediato. El niño tiene que crecer y aumentar de peso para un trasplante renal», dijo a los periodistas.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, a pedido del presidente Morales, visitó al niño y prometio a sus progenitores que el Gobierno cubrirá todos los gastos para conseguir la recuperación del menor. «El niño no está respirando artificialmente ni está sedado. Está con un sueño normal, obvio que está adolorido por la operación, que ha sido reciente”, agregó.
El gobierno del presidente Evo Morales había aprobado a finales del año pasado un nuevo código penal que incluía la mala praxis, pero desencadenó de inmediato el rechazo de los profesionales, que mantuvieron una huelga de hospitales públicos durante 47 días. Esa norma establecía multas económicas, inhabilitación en el ejercicio profesional e inclusive cárcel para los responsables de mala praxis, pero los médicos, apoyados por varios sectores de la población, hicieron violentas protestas callejeras hasta hacer abrogar esa ley. Un código penal anterior contemplaba sanciones, aunque con procesos legales engorrosos que desanimaban a las víctimas o sus familiares a entablar juicios.